La ley contra el plástico de un solo uso enfrenta obstáculos
La implementación de la Ley 51, que prohíbe el uso de plásticos desechables en Puerto Rico, se encuentra en pausa debido a la falta de claridad en su aplicación.
El gobierno ha suspendido temporalmente su ejecución para resolver dificultades legales y operativas, con el objetivo de facilitar una transición efectiva hacia alternativas más sostenibles.
Uno de los principales desafíos es el alto costo y la escasez de productos ecoamigables, lo que afecta tanto a restaurantes como a consumidores. “Estamos hablando de que hay una diferencia de 3-4 centavos por unidad, que eso en proyección no se ve, se ve como poco, pero cuando hace la sumatoria completa son varios dólares de más por encima”, explicó Jahel López, gerente de ‘Anhelomío Coffeetería’, resaltando el impacto económico que representa este cambio para los negocios.
Ante esta situación, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) dejó sin efecto una interpretación administrativa que especificaba qué materiales podrían usarse como sustitutos.
Esta decisión se tomó luego de una prórroga solicitada por la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico (ASORE), lo que dejó a los comercios sin una guía clara sobre cómo cumplir con la normativa.
“Estamos en espera para ver porque ahora mismo Puerto Rico no estaba preparado todavía para hacer ese tipo de cambios a foams, plásticos, productos biodegradables.
De hecho, ahora mismo los distribuidores se están viendo en escasez, ya que como tuvieron que cambiar de un término a otro, no tienen productos biodegradables o se van rápido, y ahora si logran cancelar la ley, volver a restablecerse con productos plásticos va a ser cuesta arriba”, agregó López.
Mientras las autoridades y las partes involucradas buscan soluciones, la ley sigue vigente, pero su futuro es incierto.
Comerciantes y consumidores esperan mayor orientación para adaptarse a una regulación que, aunque busca reducir el impacto ambiental, enfrenta obstáculos en su implementación.
