Jenniffer González firmará proyectos de libertad religiosa y restricción a tratamientos de género
«No es protección, es exclusión», LGBTQ+ declara guerra a dos leyes que la Gobernadora está a punto de firmar
La gobernadora Jenniffer González confirmó que firmará el Proyecto Senatorial 1 (PS1), que protege la libertad religiosa de empleados públicos, y el Proyecto Senatorial 350 (PS350), que restringe tratamientos de afirmación de género para menores de 21 años. Estas medidas, aprobadas por la Legislatura de mayoría novoprogresista, han polarizado a la sociedad puertorriqueña.
El PS1 garantiza que funcionarios públicos puedan negarse a brindar servicios que contradigan sus creencias religiosas sin repercusiones laborales.
«Esto no es sobre discriminar, sino sobre proteger la libertad de culto que garantiza nuestra Constitución», explicó la senadora Joanne Rodríguez Veve, coautora del proyecto.
Sin embargo, organizaciones LGBTQ+ alertan sobre posibles abusos. «¿Hasta dónde llegará esto? ¿Podrán negarse a atender a una pareja gay o a una persona trans? Esto abre la puerta a la segregación legalizada», denunció Iván López, vicepresidente de la Federación LGBTQ+.
El PS350 prohíbe específicamente terapias hormonales y cirugías de afirmación de género para menores de 21 años.
«Estamos protegiendo a nuestros jóvenes de decisiones irreversibles que muchos luego lamentan», argumentó Rodríguez Veve durante la discusión legislativa.
La comunidad médica y activistas responden con preocupación. «Numerosos estudios demuestran que estos tratamientos salvan vidas. Negarlos es condenar a jóvenes trans a sufrimiento evitable», contrarrestó López, citando datos de la Asociación Médica de Puerto Rico.
Con el aval de la Gobernadora, ambas leyes entrarían en vigor en los próximos 60 días. Mientras grupos conservadores preparan celebraciones, la comunidad LGBTQ+ anuncia batalla legal.
No nos quedaremos de brazos cruzados. Esto es un ataque directo a nuestros derechos y llevaremos la lucha hasta las últimas consecuencias, advirtió López.
Por su parte, Rodríguez Veve concluyó: El Legislativo cumplió su deber. Ahora corresponde al Pueblo decidir si estas protecciones permanecen.
