“Puedes traer el pelo lacio para el training?” relató la joven, Cinthia Collazo Pacheco, que le preguntaron durante su búsqueda de trabajo. Así mismo, la universitaria, Alanis Ruiz Guevara, narró que los directores de su escuela intermedia le informaron que no podía asistir al plantel escolar con las trenzas, estilo cornrows, que lucía en el momento. Sin saber que hacer, la joven optó por quitárselas.

Ruiz, estableció que estas son unas de las muchas historias de personas que enfrentan discrimen racial en Puerto Rico. Al notar esta problemática, peticionó la propuesta de ley “Ley Contra Discrimen Por Razón de Estilos de Cabello”. 

La ley busca establecer una política pública contra el discrimen hacia texturas y estilos de cabello afrodescendientes. 

A pesar de las opiniones que la ley no es necesaria y que ya existe una medida contra el discrimen, la senadora Ana Irma Lassen defendió la ley. “Si está implícito, no hay ningún problema con que esté explicito”.

Ana Irma añadió que la discriminación hacia estilos de cabello también es racismo. 

La ley ya fue aprobada en el senado y en la comisión asignada dentro de la cámara de representantes sin enmiendas. Ahora la medida está en espera de la votación final de la cámara, para luego ser firmada por el gobernador. 

Durante el año pasado se reportó el promedio de tasa de desempleo más baja en la historia. 

Mientras que en febrero de este año un informe mostró que existen un total de 300,000 jóvenes fuera del grupo trabajador.

La psicóloga laboral, Karla Ramos Maysonet destacó que los jóvenes próximos a graduarse deben enfocarse en completar los estudios pero que también deben buscar otras experiencias que le aporten valor a su perfil profesional. 

Por su parte, el Departamento del Trabajo llevará a cabo una feria de empleos en el mes de  mayo para jóvenes estudiantes de 16 años en adelante.  

Una madre sobreviviente de violencia doméstica narró la historia donde su expareja se convirtió en su victimario luego de una relación de cuatro años.

Según la mujer, cuya identidad está protegida, sufrió años de abuso y maltrato por parte del padre de sus hijos y no fue hasta que notó que la vida de los menores estaba en peligro que decidió buscar ayuda. 

“Me acechaba, no me dejaba tranquila, donde quiera que yo iba él llegaba. No me decía palabras grandes como, ‘te voy a matar’ pero me decía, ‘Si no eres mía no eres de nadie’ ”, expresó la mujer. 

Incluso señaló que el proceso para solicitar ayuda no fue uno fácil. “En ocasiones el mismo sistema nos oprime y nos hace sentir culpables… tuve tres órdenes por Ley 54 y ninguna de las tres fue fácil, muchas veces pensé en rendirme porque no veía frutos”. 

Esta historia fue narrada en momentos donde el Observatorio de Equidad de Género de Puerto Rico reportó 29 feminicidios directos de los cuales ocho son íntimos en lo que va del 2024. De hecho, Damaris Feliciano, Coordinadora General de Servicios de Hogar Ruth, organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a las víctimas de violencia doméstica y agresión sexual, indicó que aproximadamente, 7,655 mujeres solicitaron ayuda el pasado año. 

“Tenemos que darle más [énfasis] a la prevención y la educación”, comunicó la Coordinadora General de Hogar Ruth. Añadió que para ver una disminución de víctimas “tenemos que empezar desde nuestros hogares educando a nuestros hijos, nuestros nietos… es responsabilidad de todos”.

Hogar Ruth cuenta con ocho programas dirigidos a las víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y sus hijos. De hecho, es la única organización en Puerto Rico que cuenta con un programa Montessori dirigido a los hijos de las sobrevivientes de violencia de género. 

A menos de un mes para las primarias electorales, aspirantes del Partido Popular Democrático (PPD) sometieron querellas solicitando una investigación sobre un alegado fraude por voto adelantado. 

Según el candidato a Representante por el Distrito 3 de San Juan por el PPD, Christopher Malespín, existe una declaración jurada de parte de un grupo de envejecientes y encamados que alegan que dos personas aseguraron ser empleados de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para ofrecer la solicitud del voto adelantado diciendo que harán llegar las papeletas correspondientes sin importar el partido. Según Malespín, dicho suceso va en contra del proceso electoral. 

“Los que trabajamos el proceso anteriormente sabemos que son los partidos políticos quienes exclusivamente trabajan cualquier tipo de primarias.”, señaló el candidato.  

Mientras, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, indicó que “Por lo menos a la comisión no se ha presentado una declaración jurada en esos aspectos, si al elector le llegan unas papeletas PNP y no interesa votar por ellas, simplemente o no votas por ellas o se comunica a la JAVAA (Junta Administrativa de Voto Ausente y Voto Adelantado) PNP para devolver las mismas”. 

Santo Domingo señaló que “El problema es que quieren levantar una conferencia de prensa para señalar estos ‘issues’ (problemas), pero para poder atenderlo de forma real el foro es este, en la Comisión Estatal de Elecciones y si es de primarias PNP, ante nuestra oficina… No lo han hecho”. 

Por otro lado, Malespín alegó que entregaron tres querellas para el Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal y otra para la procuradora de personas de edad avanzada para que comiencen una investigación sobre el alegado fraude por papeletas. 

Además, enfatizó que el 11 de abril envió una carta a la Comisión Estatal de Elecciones en relación a la solicitud de voto adelantado sobre el caso de los envejecientes para cancelar su solicitud a las primarias PNP y que la misma se cambiara a las primarias del PPD. No obstante, recalcó que no obtuvo respuesta y los envejecientes recibieron papeletas del Partido Nuevo Progresista. 

Las primarias de ambos partidos serán llevadas a cabo el próximo 2 de junio, mientras la fecha límite para solicitar el voto adelantado, culminó. 

El segundo foro de Punto de Encuentro, entre El Nuevo Día y la Universidad del Sagrado Corazón, fue sobre el tema de la descentralización del Departamento de Educación. Ve el diálogo y las áreas de consenso entre los participantes