La posibilidad de que municipios se “vayan a pique” es una realidad
A pesar de los esfuerzos del gobierno de Puerto Rico y la Junta de Supervisión Fiscal para aliviar las dificultades económicas de los municipios, algunos de estos enfrentan dificultades financieras que podrían poner en peligro su estabilidad.
En total, el gobierno de Jennifer González y la Junta de Supervisión Fiscal han destinado un total de $539 millones en ayudas para los municipios de Puerto Rico. Sin embargo, a pesar de estos recursos, una parte de los ayuntamientos no logra cubrir sus necesidades, lo que genera una creciente preocupación sobre el futuro de algunos de ellos.
De acuerdo con informes oficiales, los fondos distribuidos entre los municipios incluyen $350 millones provenientes del gobierno central y 89 millones asignados por la Junta de Supervisión Fiscal.
No obstante, el hecho de que estas ayudas no sean suficientes para resolver la crisis económica de ciertos municipios plantea la pregunta: ¿por qué, a pesar de los esfuerzos y los recursos, existe la posibilidad de que una mayor cantidad de municipios se «vayan a pique»?
En 2017, el gobierno de Ricardo Rosselló aprobó la Ley PROMESA, que buscaba restaurar la estabilidad financiera de Puerto Rico, incluyendo los municipios. Sin embargo, los fondos de equiparación, destinados a garantizar una distribución más equitativa entre los diferentes pueblos, se han visto reducidos en los últimos años. Esta disminución ha afectado en particular a los municipios más pequeños, que enfrentan serias limitaciones económicas.
Uno de los municipios más afectados es Comerío, donde su alcalde, Irvin Rivera González, ha tomado diversas acciones para tratar de paliar los efectos de la crisis. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, Rivera González ha señalado que no ha recibido ningún tipo de acercamiento por parte de la Junta de Supervisión Fiscal, aunque está dispuesto a presentarles alternativas para mejorar la situación.
